Condena del Parlamento Europeo al Franquismo

Yo, el texto de más abajo, lo tengo que leer acompañado de música, para que mis ojos lloren solo por dentro  y el puño que se me forma en el estómago vuele como un ángel caído que redima al cielo.

Franco, asesino.

Condena de la Asamblea Parlamentaria del Consejo deEuropa a la dictadura franquista de 17 de Marzode 2006.

Por la III República Española.

Por la III

La más hermosa de las banderas.


Informe Amnistía Internacional sobre España. Año 2011.

ESPAÑA

REINO DE ESPAÑA

Jefe del Estado: rey Juan Carlos I de Borbón
Jefe del gobierno: José Luis Rodríguez Zapatero
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Población:45,3 millones
Esperanza de vida: 81,3 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 5/5 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada: 97,6 por ciento

Resumen:
  • Persistieron las denuncias de tortura y malos tratos infligidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y las investigaciones sobre ellas siguieron siendo inadecuadas.
  • España se negó a abolir la detención en régimen de incomunicación pese a las reiteradas recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos.
  • Se extraditó a Marruecos a un hombre sospechoso de terrorismo a pesar de que allí corría peligro de tortura y juicio sin las debidas garantías.
  • El grupo armado Euskadi Ta Askatasuna (ETA) anunció una tregua.
  • Se concedió protección internacional a varios ex detenidos de Guantánamo.
  • Aumentaron los casos de violencia contra mujeres y niñas.
  • Se suspendió de sus funciones a un juez instructor por poner en marcha una investigación sobre los crímenes internacionales cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

Tortura y otros malos tratos

Continuaron las denuncias de tortura y otros malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. No se tomaron medidas para recopilar y publicar datos sobre casos que pudieran suponer violaciones de derechos humanos contra personas bajo custodia policial, como establecía el Plan de Derechos Humanos aprobado por el gobierno en 2008.

En junio se aprobó la reforma del Código Penal sin que se hubiera modificado la definición de la tortura, a pesar de que el Comité de la ONU contra la Tortura había recomendado armonizarla con las normas internacionales de derechos humanos. El Código Penal seguía diferenciando entre atentado “grave” de tortura y atentado que “no lo es” [grave].

  • La celebración del juicio de los dos agentes de policía acusados de matar a Osamuyia Akpitaye durante su expulsión de España en junio de 2007 estaba prevista el 16 y 17 de marzo de 2011.

Seguridad y medidas antiterroristas

Las autoridades siguieron aplicando la detención en régimen de incomunicación a personas sospechosas de actividades terroristas. Estas personas podían permanecer bajo custodia hasta 13 días, y en ese tiempo no podían designar a un representante letrado de su elección ni consultar con su abogado de oficio de manera confidencial; tampoco tenían acceso a un médico de su elección ni podían comunicar su paradero a su familia. En mayo, el gobierno rechazó las recomendaciones formuladas en el examen periódico universal de la ONU para abolir esta forma de detención.

  • El Juzgado de Instrucción núm. 23 de Madrid aceptó en enero examinar las acusaciones de tortura de Mohammed Fahsi a raíz de una denuncia formal presentada por su abogado, pero en abril ya había cerrado la investigación. Según la denuncia, Mohammed Fahsi fue torturado durante su reclusión en régimen de incomunicación tras haber sido detenido por la Guardia Civil en enero de 2006. Inicialmente la denuncia había sido desestimada por la Fiscalía y el juez instructor, quien argumentó que los hechos se habían denunciado al cabo de más de tres años y que Mohammed Fahsi había contado al perito médico que había recibido un trato “normal”. Al final del año estaba pendiente un recurso de apelación contra la decisión del Juzgado de Instrucción. También en enero, Mohammed Fahsi, que había estado cuatro años en prisión preventiva, fue condenado a siete años de prisión por pertenencia a una organización terrorista. Recurrió la decisión ante el Tribunal Supremo y estaba en libertad en espera del resultado.
  • El 25 de junio, el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Madrid desestimó una denuncia presentada por María Mercedes Alcocer por torturas, lesiones y amenazas graves sufridas a manos de miembros de la Guardia Civil del 10 al 13 de diciembre de 2008, estando recluida en régimen de incomunicación. Un informe pericial del 12 de diciembre de 2008 constataba la presencia de hematomas y señales de patadas y golpes. Sin embargo, en su decisión de archivar el caso, el Juzgado de Instrucción afirmó que ninguno de los informes periciales presentados constataba señales externas de violencia contra María Mercedes Alcocer y que la única finalidad de la denuncia era identificar a los miembros de la Guardia Civil encargados de su custodia. Al final del año estaba pendiente su recurso de apelación contra esta decisión. Asimismo, en mayo María Mercedes Alcocer fue acusada de colaboración con banda armada ante la Audiencia Nacional. Al terminar el año aún no se había dictado sentencia.
  • El 28 de septiembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que España había violado la prohibición de tortura y otros malos tratos: las autoridades no habían investigado las denuncias de tortura formuladas por Mikel San Argimiro Isasa por el trato recibido durante los cinco días que había estado detenido en régimen de incomunicación en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid en mayo de 2002.
  • El 30 de diciembre, la Audiencia Provincial de Guipúzcoa declaró a cuatro miembros de la Guardia Civil culpables de infligir torturas a Igor Portu y Mattin Sarasola cuando se hallaban bajo custodia policial en la mañana del 6 de enero de 2008. La Audiencia resolvió que el hecho de que ambos hubieran sido declarados culpables de pertenecer al grupo armado ETA y de cometer graves delitos de terrorismo no restaba credibilidad a sus declaraciones. Sin embargo, sus denuncias de haber sufrido malos tratos durante su posterior detención y traslado fueron desestimadas por falta de pruebas. Los otros 11 guardias civiles enjuiciados fueron absueltos.

Extradición

El 14 de diciembre, las autoridades españolas extraditaron a Marruecos a un hombre, Ali Aarrass, de doble nacionalidad belga y marroquí, acusado de delitos de terrorismo. Al hacerlo, incumplieron lo establecido en las medidas provisionales dictadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que había pedido a España que no llevara a cabo la extradición hasta que el Comité hubiera adoptado una decisión sobre el caso.

Abusos cometidos por grupos armados

Miembros del grupo armado ETA mataron en marzo a un agente de policía francés en un tiroteo ocurrido en Dammarie-lès-Lys, cerca de París. El 5 de septiembre, el grupo anunció que no llevaría a cabo más “acciones armadas ofensivas”.

Personas refugiadas y migrantes

Según cifras del Ministerio del Interior, 3.632 migrantes irregulares llegaron a las costas españolas en 2010. Esta cifra era un 50 por ciento inferior a la de 2009 y la más baja registrada en los diez años anteriores. Este descenso se debió en parte a que siguieron aplicándose políticas de interceptación de migrantes y solicitantes de asilo en el mar y acuerdos de readmisión firmados con los países de origen y de tránsito.

El gobierno rechazó en septiembre la recomendación de firmar y ratificar la Convención sobre los Derechos de los Migrantes, formulada por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre el Examen Periódico Universal.

Detenidos de Guantánamo

En febrero, el entonces ministro de Asuntos Exteriores confirmó que España estaba dispuesta a ofrecer protección internacional a cinco ex detenidos de Guantánamo. El anuncio fue seguido de la llegada –el 24 de febrero, el 4 de mayo y el 21 de julio, respectivamente– de un palestino, un yemení y un afgano que habían estado bajo custodia estadounidense en Guantánamo.

Trata de personas

El gobierno reformó en junio la definición de la trata de personas contenida en el Código Penal para adecuarla al Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos. Sin embargo, suscitaba preocupación el hecho de que no siempre se respetara en la práctica el derecho a un periodo de recuperación y reflexión en el caso de los extranjeros en situación irregular que pudieran haber sido víctimas de trata. La Ley de Extranjería protegía ese derecho durante un periodo mínimo de 30 días, durante los cuales debían suspenderse los trámites de expulsión. Al final del año no se habían tomado todavía medidas para dar instrucciones a las autoridades correspondientes sobre cómo identificar a las víctimas de trata con arreglo a la ley.

  • Gladys John, ciudadana nigeriana que estaba embarazada de dos meses, fue expulsada a Nigeria el 17 de marzo a pesar de que el ACNUR –la agencia de la ONU para los refugiados– había expresado la preocupación de que pudiera haber sido víctima de trata. El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 6 de Madrid había rechazado su solicitud de asilo el 10 de marzo y se había negado a reconocer su condición de víctima de trata.

Derechos de la infancia

Persistían las denuncias sobre castigos corporales, aislamiento, prescripción indebida de medicamentos y asistencia médica insuficiente en centros para menores de edad con problemas sociales o de conducta. En septiembre, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, expresó su preocupación por que el internamiento en tales centros pudiera constituir una forma de privación de libertad y recomendó a España que ajustara plenamente la legislación y las normas administrativas de todas las comunidades autónomas a la Convención sobre los Derechos del Niño.

Violencia contra las mujeres

Según el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, el número de mujeres muertas en 2010 a manos de sus parejas o ex parejas se elevó a 73, de las cuales 27 eran migrantes.

Las mujeres migrantes en situación irregular que sufrían violencia en el ámbito familiar o de género seguían temiendo presentar denuncia ante la policía por el riesgo de ser expulsadas al hacerlo. La reforma de la Ley de Extranjería, de diciembre de 2009, incluía una disposición según la cual los trámites de expulsión se debían poner en marcha cuando una mujer migrante en situación irregular presentaba una denuncia por violencia de género.

Las víctimas de violencia basada en el género seguían, además, encontrando numerosos obstáculos para conseguir una reparación justa y oportuna.

  • En julio, 10 años después de los hechos, Ascensión Anguita recibió una indemnización de su ex marido por las graves secuelas físicas y psicológicas que éste le había causado al propinarle 15 puñaladas. No podía trabajar, sufría un trastorno de estrés postraumático y vivía de una pensión mensual por discapacidad.

Racismo y discriminación

Las autoridades no tomaron medidas para combatir la discriminación de ciudadanos extranjeros y apoyar la libertad de expresión y religión.

  • En enero, la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil emitió una circular por la que autorizaba la detención preventiva de los ciudadanos extranjeros que no presentaran documentos de identidad al pedírselos en un control. Sindicatos policiales preocupados por que la medida pudiera dar lugar a detenciones ilegales solicitaron la retirada inmediata de la circular.
  • En mayo, el gobierno apoyó las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre el Examen Periódico Universal de recopilar y publicar datos estadísticos sobre delitos cometidos por motivos raciales y elaborar un plan nacional de acción contra el racismo y la xenofobia. Sin embargo, al final del año no se habían tomado más medidas en este sentido. Tampoco había empezado a aplicarse una disposición del Plan de Derechos Humanos de 2008 dirigida a establecer una estrategia nacional para combatir el racismo.
  • Varios municipios aprobaron disposiciones que prohibían el uso del velo integral en edificios municipales. El Senado aprobó en junio una moción por la que instaba al gobierno a prohibirlo “en espacios y acontecimientos públicos”. Se expresó la preocupación de que una prohibición tan general violara el derecho a la libertad de expresión y a la libertad religiosa de las mujeres que decidieran llevar este velo como expresión de su identidad o de sus creencias.

Desapariciones forzadas

Aunque en junio se aprobó la reforma del Código Penal, el gobierno no introdujo una definición de delitos de derecho internacional como la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial.

  • En abril, el Tribunal Supremo acusó al juez instructor Baltasar Garzón de infringir la Ley de Amnistía de 1977. Baltasar Garzón había puesto en marcha por primera vez en España una investigación sobre delitos cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, que implicaban la desaparición forzada de más de 114.000 personas entre 1936 y 1951. Posteriormente, en mayo, el Consejo General del Poder Judicial suspendió al juez de sus funciones mientras durara su procesamiento ante el Tribunal Supremo.

Las leyes de amnistía y las normas sobre prescripción de los delitos eran incompatibles con el derecho internacional en el caso de la desaparición forzada, la tortura o los crímenes de lesa humanidad, y el Comité de Derechos Humanos de la ONU había pedido a España en 2008 que considerase la derogación de la Ley de Amnistía de 1977. Pese a ello, la Ley seguía en vigor al final del año.

Justicia internacional

En septiembre y noviembre, la Audiencia Nacional archivó sendas investigaciones sobre delitos cometidos en Myanmar y en Tíbet. En ambos casos, la decisión se adoptó en aplicación de la limitación de la jurisdicción universal introducida en octubre de 2009 mediante una reforma de la Ley del Poder Judicial. Desde esta reforma, los tribunales nacionales ya no podían entablar procesos de esta índole a menos que las víctimas tuvieran la nacionalidad española, el presunto autor estuviera en España o existiera algún otro “vínculo de conexión relevante” con España, y siempre que no se hubiera iniciado una investigación efectiva o un proceso con todas las garantías en otro país o ante un tribunal internacional.

  • El gobierno solicitó a Sudáfrica en septiembre la extradición de Faustin Kayumba Nyamwasa, jefe del ejército ruandés. La Audiencia Nacional lo había procesado en 2008 por genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos en Ruanda.

Informes y visitas de Amnistía Internacional
España: Acuerdos peligrosos. Europa acepta “garantías diplomáticas” contra la tortura (EUR 01/012/2010)
Spain: Follow-up information to the Concluding Observations of the Committee against Torture (EUR 41/003/2010)

Guantánamo.¿Qué dicen los USA que pasa en Cuba?

Lo que viene más abajo, recogido de un periódico, y todo lo que se cuenta aquí es, simplemente, un crimen que debiera dar lugar a responsabilidades penales. Si esto lo hubiera hecho el régimen que gobierna el resto de su isla, no quiero ni pensar en la reacción de los medios occidentales. Pero uso mal el pasado, hay que escribirlo en presente, sigue pasando ahora, mientras lees esta entrada, ante el escandaloso silencio de la comunidad internacional.

Guantánamo, Abu Ghraib, las cárceles secretas que la CIA ha tenido -¿o hay que decir tiene? lo malo, o bueno, de ser secretas es que se ignora su existencia y cuanto allí ocurre- en el resto del planeta, incluída Europa, son responsabilidad del país que pretende impartir cursos de derechos humanos, exigir su cumplimiento como síntoma de afinidad política y sigue siendo tomado por muchos como faro que alumbra la democracia en el mundo. A mi no me sorprende la noticia no sólo porque hace tiempo que considero a los USA -junto con Israel- como un estado delincuente en la comunidad internacional sino porque no creo absolutamente nada de lo que tan enfáticamente se ha llamado la guerra contra el terrorismo, una excusa para que los USA se apoderen del petróleo que escapaba a su control, intenten someter a los regímenes díscolos, refractarios a su política depredatoria internacional -“bussines is bussines”, en esencia- e instauren, aprovechando el miedo provocado por el “atentado”, un sistema de control social que socaba los propios cimientos de la democracia y la desliza peligrosamente hacia un estado cuasi policial. Para que la historia fuera creíble había que encontrar a los verdugos del 11/S y como no los había fuera del país -fuera, he dicho- se inventaron.

El bueno de Obama, la gran esperanza negra, basó su campaña en la promesa de sacar a las tropas de Irak, cerrar Guantánamo, poner coto a Walt Street y derogar la Ley Patriótica. Toma, chico de los recados, te la dedico:

Erase una vez, en un país lejano…

“160 reclusos inocentes o poco peligrosos: EE UU encerró durante años a decenas de detenidos sin ningún vínculo con Al Qaeda

El iraní Bajtiar Bamari era traductor, y vivía en Afganistán a finales de 2001. Estados Unidos luchaba entonces en el país para derrocar al régimen talibán y tratar de encontrar a Osama Bin Laden. Se le ocurrió que podría ser una buena idea acercarse a la base norteamericana de Kandahar para ofrecer sus servicios como intérprete y guía. Se equivocó. Fue detenido y trasladado a Guantánamo el 17 de mayo de 2002, donde pasó dos años preso. No tenía ningún vínculo con Al Qaeda ni con los talibanes. Tampoco los tenía el director de escuela sudanés Al Rachid Raheem, encañonado y arrestado en su casa de Peshawar (Pakistán) cuando estaba a punto de meterse en la cama; ni Mahngur Alijan, un afgano que hacía autostop para comprar medicinas; ni el turco Ibrahim Shafir Shen, que huía de la guerra; ni Noor Ahmad, que acabó en Guantánamo por no tener dinero para pagar un soborno a la policía paquistaní después de que los agentes lo encontraran indocumentado.

Las fichas secretas del Departamento de Defensa sobre los presos de Guantánamo contienen decenas de historias similares. Hombres sin ninguna vinculación con el terrorismo islamista ni con los talibanes que fueron encerrados por razones que en ocasiones ni las propias autoridades estadounidenses conocen, como se reconoce en documentos en los que se admite su inocencia, el error cometido, y se recomienda que sean liberados o trasladados a su país de origen. A pesar de ello, algunos de los detenidos sin motivo pasaron uno, dos, tres, y hasta nueve años encarcelados.

EE UU acabó determinando que 83 presos no suponían absolutamente ningún riesgo, y de otros 77 se dice que es “improbable” que sean una amenaza para el país o sus aliados. Es decir, que al menos uno de cada cinco internos fue conducido al penal de forma arbitraria según las propias valoraciones de los militares norteamericanos. De otros 274 se considera que solo “quizá” sean un peligro, de forma que las fichas secretas demuestran que EE UU no creía seriamente en la culpabilidad o amenaza de casi el 60% de sus prisioneros, a pesar de lo cual los envió a la isla de Cuba.

El expresidente de EE UU George W. Bush abrió el campo de prisioneros el 11 de enero de 2002. En esa primera época el número de personas trasladadas a la base que no tenían el más mínimo lazo con Al Qaeda fue muy elevado. Especialmente en algunos países. En Afganistán, por ejemplo. La mitad de los afganos -el grupo mayoritario de presos, el 28% del total- fueron después calificados como de riesgo bajo o inexistente. El descontrol y la arbitrariedad, según revelan los documentos secretos, eran grandes. Se privaba de libertad aunque el prisionero no hubiera cometido delitos ni crímenes de guerra. Por si acaso sabía algo. Por si tenía un primo o un hermano en las filas de los talibanes. Por si en su pueblo vivía algún líder que interesara a la inteligencia estadounidense. Por su “conocimiento general de las rutas de ingreso en Afganistán” o del “reclutamiento forzoso talibán”, como consta en varias fichas. Las acciones concretas del detenido eran irrelevantes. En cuanto llegaban al penal todos eran calificados como combatientes enemigos aunque no hubiera indicios de que lo fueran.

Mientras EE UU luchaba contra los talibanes, estos recorrían los pueblos de Afganistán obligando a los jóvenes a unirse a sus filas. Solían pedir a cada familia que contribuyera con dinero o al menos con un hombre. Sahibjan Torjan se ofreció como voluntario para evitar el reclutamiento de su padre, pero más tarde se negó a luchar. Los talibanes lo detuvieron durante 30 días. Ni esa oposición le libró de Guantánamo. La Alianza del Norte lo capturó y los estadounidenses lo llevaron al penal el 4 de mayo de 2002. Tenía 21 años. Cuatro meses después se reconocía su inocencia en una ficha secreta: “Basándonos en la información actual, el detenido no es afiliado a Al Qaeda ni líder talibán (…) No tiene más valor de inteligencia para EE UU (…) No supone una futura amenaza para los intereses americanos”, aseveró el comandante Michael E. Dunlavey. Tardó aún seis meses en volver a su país. Jon Muhamed Barakzai también sufrió el reclutamiento forzoso. Pero no llegó a combatir. Ni siquiera recibió entrenamiento. Regresaba a su pueblo cuando fue detenido, entregado a los estadounidenses y conducido al penal. Un padre que fue a buscar a su hijo al frente, en Kandahar, también acabó en Guantánamo.

El penal ha llegado a retener a un preso inocente de 89 años en Guantánamo. Sufría además demencia senil, artritis y una depresión grave. En el complejo de casas en el que vivía unos soldados hallaron un teléfono por satélite Thuraya y una lista de números de personas “sospechosas” de ser talibanes. El anciano no sabía de quién era el teléfono ni sabía usarlo, pero fue hecho prisionero y conducido al penal. Acabó pasando con éxito la prueba del polígrafo y las autoridades estadounidenses reconocieron que no suponía peligro ni amenaza alguna para su país.

La arbitrariedad del penal no solo queda clara en las fichas en las que los militares reconocen la inocencia de un preso. La vulneración de las garantías procesales básicas se aprecia en muchas otras, en los criterios indeterminados y generales que sirven para fundamentar una detención. Los principios de humanidad y de proporcionalidad en las penas, de intervención mínima, de legalidad, no existen en Guantánamo. Sobre el afgano Osman Khan, nacido en 1950, afirman que “posiblemente” sea un miembro de los talibanes, pero que “no ha sido determinado con ninguna seguridad”. A pesar de ello lo califican como de “riesgo medio” y recomiendan que sea trasferido, pero para que continúe preso en el país de acogida. De otro recluso solo se indica que “se sospecha” de su relación con “elementos subversivos”. Un tal Mohammed Nasim aparece como interno 453. EE UU duda de que sea su verdadero nombre. No saben quién es, pero asumen que “quizá” tenga “valor de inteligencia” y “riesgo alto” y proponen que continúe en Guantánamo. “Hay distintas posibilidades sobre su identidad real”, señalan. “Entre ellas, que sea un exministro de Educación talibán”.

La presunción de inocencia no existe en Guantánamo. Es el detenido el que tiene que demostrar que no es terrorista ni talibán. No había pruebas contra el afgano Yamatollah Abdul, por ejemplo, pero se sospecha de su culpabilidad porque “cuando se le presiona para que explique su historia en detalle pone excusas y no colabora”. “Es evasivo y reticente a reconocer ciertas cosas”, afirma otra ficha. Cuando hablan sobre Khudai Dad, diagnosticado como esquizofrénico, piden que continúe encarcelado porque su testimonio tiene “escasa credibilidad”. Al lado de esta formación, un informe médico adjunto detallaba alucinaciones y episodios de psicosis aguda del enfermo. Tampoco se presentaron evidencias contra un adolescente afgano de 15 años trasladado al penal. No solo era inocente, sino que era una víctima. Antes de que el Ejército de EE UU lo hiciera prisionero, un grupo armado talibán lo había secuestrado y violado.”

Publicado en El País por Mónica Ceberio el 25/04/2011