Tortura a una activista china

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Iwao Hakamada, 43 años en el corredor de la muerte

Me llamo Kumamoto Norimichi.  Yo era uno de los tres jueces que debía dictar sentencia en la causa instruida en 1968 contra Iwao Hakamada. Objetivamente, las pruebas de que él hubiera cometido el crimen eran prácticamente inexistentes, pero no pude convencer a los otros dos jueces, así que tuve que declararlo culpable. No pude soportar la carga sobre mi conciencia, por lo que a los seis meses renuncié a mi puesto de juez. Todavía hoy me siento culpable. Nunca será suficiente mi arrepentimiento por lo que hice”.

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Troy Davis: “Culpable” hasta que se demuestre lo contrario

Última hora: Firmada la orden de ejecución. Su tiempo se agota. El pasado 6 de septiembre, un juez de Georgia firmó la orden de ejecución de Troy Davis por la que autoriza al estado a ejecutarlo el 21 de septiembre, a pesar de que siguen siendo muchas las dudas sobre su culpabilidad. AHORA MÁS QUE NUNCA, NECESITAMOS TU APOYO PARA DETENER ESTA EJECUCIÓN.

Troy Davis

Troy Davis © Georgia Department of Corrections

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Informe Amnistía Internacional sobre España. Año 2011.

ESPAÑA

REINO DE ESPAÑA

Jefe del Estado: rey Juan Carlos I de Borbón
Jefe del gobierno: José Luis Rodríguez Zapatero
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Población:45,3 millones
Esperanza de vida: 81,3 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 5/5 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada: 97,6 por ciento

Resumen:
  • Persistieron las denuncias de tortura y malos tratos infligidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y las investigaciones sobre ellas siguieron siendo inadecuadas.
  • España se negó a abolir la detención en régimen de incomunicación pese a las reiteradas recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos.
  • Se extraditó a Marruecos a un hombre sospechoso de terrorismo a pesar de que allí corría peligro de tortura y juicio sin las debidas garantías.
  • El grupo armado Euskadi Ta Askatasuna (ETA) anunció una tregua.
  • Se concedió protección internacional a varios ex detenidos de Guantánamo.
  • Aumentaron los casos de violencia contra mujeres y niñas.
  • Se suspendió de sus funciones a un juez instructor por poner en marcha una investigación sobre los crímenes internacionales cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

Tortura y otros malos tratos

Continuaron las denuncias de tortura y otros malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. No se tomaron medidas para recopilar y publicar datos sobre casos que pudieran suponer violaciones de derechos humanos contra personas bajo custodia policial, como establecía el Plan de Derechos Humanos aprobado por el gobierno en 2008.

En junio se aprobó la reforma del Código Penal sin que se hubiera modificado la definición de la tortura, a pesar de que el Comité de la ONU contra la Tortura había recomendado armonizarla con las normas internacionales de derechos humanos. El Código Penal seguía diferenciando entre atentado “grave” de tortura y atentado que “no lo es” [grave].

  • La celebración del juicio de los dos agentes de policía acusados de matar a Osamuyia Akpitaye durante su expulsión de España en junio de 2007 estaba prevista el 16 y 17 de marzo de 2011.

Seguridad y medidas antiterroristas

Las autoridades siguieron aplicando la detención en régimen de incomunicación a personas sospechosas de actividades terroristas. Estas personas podían permanecer bajo custodia hasta 13 días, y en ese tiempo no podían designar a un representante letrado de su elección ni consultar con su abogado de oficio de manera confidencial; tampoco tenían acceso a un médico de su elección ni podían comunicar su paradero a su familia. En mayo, el gobierno rechazó las recomendaciones formuladas en el examen periódico universal de la ONU para abolir esta forma de detención.

  • El Juzgado de Instrucción núm. 23 de Madrid aceptó en enero examinar las acusaciones de tortura de Mohammed Fahsi a raíz de una denuncia formal presentada por su abogado, pero en abril ya había cerrado la investigación. Según la denuncia, Mohammed Fahsi fue torturado durante su reclusión en régimen de incomunicación tras haber sido detenido por la Guardia Civil en enero de 2006. Inicialmente la denuncia había sido desestimada por la Fiscalía y el juez instructor, quien argumentó que los hechos se habían denunciado al cabo de más de tres años y que Mohammed Fahsi había contado al perito médico que había recibido un trato “normal”. Al final del año estaba pendiente un recurso de apelación contra la decisión del Juzgado de Instrucción. También en enero, Mohammed Fahsi, que había estado cuatro años en prisión preventiva, fue condenado a siete años de prisión por pertenencia a una organización terrorista. Recurrió la decisión ante el Tribunal Supremo y estaba en libertad en espera del resultado.
  • El 25 de junio, el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Madrid desestimó una denuncia presentada por María Mercedes Alcocer por torturas, lesiones y amenazas graves sufridas a manos de miembros de la Guardia Civil del 10 al 13 de diciembre de 2008, estando recluida en régimen de incomunicación. Un informe pericial del 12 de diciembre de 2008 constataba la presencia de hematomas y señales de patadas y golpes. Sin embargo, en su decisión de archivar el caso, el Juzgado de Instrucción afirmó que ninguno de los informes periciales presentados constataba señales externas de violencia contra María Mercedes Alcocer y que la única finalidad de la denuncia era identificar a los miembros de la Guardia Civil encargados de su custodia. Al final del año estaba pendiente su recurso de apelación contra esta decisión. Asimismo, en mayo María Mercedes Alcocer fue acusada de colaboración con banda armada ante la Audiencia Nacional. Al terminar el año aún no se había dictado sentencia.
  • El 28 de septiembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que España había violado la prohibición de tortura y otros malos tratos: las autoridades no habían investigado las denuncias de tortura formuladas por Mikel San Argimiro Isasa por el trato recibido durante los cinco días que había estado detenido en régimen de incomunicación en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid en mayo de 2002.
  • El 30 de diciembre, la Audiencia Provincial de Guipúzcoa declaró a cuatro miembros de la Guardia Civil culpables de infligir torturas a Igor Portu y Mattin Sarasola cuando se hallaban bajo custodia policial en la mañana del 6 de enero de 2008. La Audiencia resolvió que el hecho de que ambos hubieran sido declarados culpables de pertenecer al grupo armado ETA y de cometer graves delitos de terrorismo no restaba credibilidad a sus declaraciones. Sin embargo, sus denuncias de haber sufrido malos tratos durante su posterior detención y traslado fueron desestimadas por falta de pruebas. Los otros 11 guardias civiles enjuiciados fueron absueltos.

Extradición

El 14 de diciembre, las autoridades españolas extraditaron a Marruecos a un hombre, Ali Aarrass, de doble nacionalidad belga y marroquí, acusado de delitos de terrorismo. Al hacerlo, incumplieron lo establecido en las medidas provisionales dictadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que había pedido a España que no llevara a cabo la extradición hasta que el Comité hubiera adoptado una decisión sobre el caso.

Abusos cometidos por grupos armados

Miembros del grupo armado ETA mataron en marzo a un agente de policía francés en un tiroteo ocurrido en Dammarie-lès-Lys, cerca de París. El 5 de septiembre, el grupo anunció que no llevaría a cabo más “acciones armadas ofensivas”.

Personas refugiadas y migrantes

Según cifras del Ministerio del Interior, 3.632 migrantes irregulares llegaron a las costas españolas en 2010. Esta cifra era un 50 por ciento inferior a la de 2009 y la más baja registrada en los diez años anteriores. Este descenso se debió en parte a que siguieron aplicándose políticas de interceptación de migrantes y solicitantes de asilo en el mar y acuerdos de readmisión firmados con los países de origen y de tránsito.

El gobierno rechazó en septiembre la recomendación de firmar y ratificar la Convención sobre los Derechos de los Migrantes, formulada por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre el Examen Periódico Universal.

Detenidos de Guantánamo

En febrero, el entonces ministro de Asuntos Exteriores confirmó que España estaba dispuesta a ofrecer protección internacional a cinco ex detenidos de Guantánamo. El anuncio fue seguido de la llegada –el 24 de febrero, el 4 de mayo y el 21 de julio, respectivamente– de un palestino, un yemení y un afgano que habían estado bajo custodia estadounidense en Guantánamo.

Trata de personas

El gobierno reformó en junio la definición de la trata de personas contenida en el Código Penal para adecuarla al Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos. Sin embargo, suscitaba preocupación el hecho de que no siempre se respetara en la práctica el derecho a un periodo de recuperación y reflexión en el caso de los extranjeros en situación irregular que pudieran haber sido víctimas de trata. La Ley de Extranjería protegía ese derecho durante un periodo mínimo de 30 días, durante los cuales debían suspenderse los trámites de expulsión. Al final del año no se habían tomado todavía medidas para dar instrucciones a las autoridades correspondientes sobre cómo identificar a las víctimas de trata con arreglo a la ley.

  • Gladys John, ciudadana nigeriana que estaba embarazada de dos meses, fue expulsada a Nigeria el 17 de marzo a pesar de que el ACNUR –la agencia de la ONU para los refugiados– había expresado la preocupación de que pudiera haber sido víctima de trata. El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 6 de Madrid había rechazado su solicitud de asilo el 10 de marzo y se había negado a reconocer su condición de víctima de trata.

Derechos de la infancia

Persistían las denuncias sobre castigos corporales, aislamiento, prescripción indebida de medicamentos y asistencia médica insuficiente en centros para menores de edad con problemas sociales o de conducta. En septiembre, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, expresó su preocupación por que el internamiento en tales centros pudiera constituir una forma de privación de libertad y recomendó a España que ajustara plenamente la legislación y las normas administrativas de todas las comunidades autónomas a la Convención sobre los Derechos del Niño.

Violencia contra las mujeres

Según el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, el número de mujeres muertas en 2010 a manos de sus parejas o ex parejas se elevó a 73, de las cuales 27 eran migrantes.

Las mujeres migrantes en situación irregular que sufrían violencia en el ámbito familiar o de género seguían temiendo presentar denuncia ante la policía por el riesgo de ser expulsadas al hacerlo. La reforma de la Ley de Extranjería, de diciembre de 2009, incluía una disposición según la cual los trámites de expulsión se debían poner en marcha cuando una mujer migrante en situación irregular presentaba una denuncia por violencia de género.

Las víctimas de violencia basada en el género seguían, además, encontrando numerosos obstáculos para conseguir una reparación justa y oportuna.

  • En julio, 10 años después de los hechos, Ascensión Anguita recibió una indemnización de su ex marido por las graves secuelas físicas y psicológicas que éste le había causado al propinarle 15 puñaladas. No podía trabajar, sufría un trastorno de estrés postraumático y vivía de una pensión mensual por discapacidad.

Racismo y discriminación

Las autoridades no tomaron medidas para combatir la discriminación de ciudadanos extranjeros y apoyar la libertad de expresión y religión.

  • En enero, la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil emitió una circular por la que autorizaba la detención preventiva de los ciudadanos extranjeros que no presentaran documentos de identidad al pedírselos en un control. Sindicatos policiales preocupados por que la medida pudiera dar lugar a detenciones ilegales solicitaron la retirada inmediata de la circular.
  • En mayo, el gobierno apoyó las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre el Examen Periódico Universal de recopilar y publicar datos estadísticos sobre delitos cometidos por motivos raciales y elaborar un plan nacional de acción contra el racismo y la xenofobia. Sin embargo, al final del año no se habían tomado más medidas en este sentido. Tampoco había empezado a aplicarse una disposición del Plan de Derechos Humanos de 2008 dirigida a establecer una estrategia nacional para combatir el racismo.
  • Varios municipios aprobaron disposiciones que prohibían el uso del velo integral en edificios municipales. El Senado aprobó en junio una moción por la que instaba al gobierno a prohibirlo “en espacios y acontecimientos públicos”. Se expresó la preocupación de que una prohibición tan general violara el derecho a la libertad de expresión y a la libertad religiosa de las mujeres que decidieran llevar este velo como expresión de su identidad o de sus creencias.

Desapariciones forzadas

Aunque en junio se aprobó la reforma del Código Penal, el gobierno no introdujo una definición de delitos de derecho internacional como la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial.

  • En abril, el Tribunal Supremo acusó al juez instructor Baltasar Garzón de infringir la Ley de Amnistía de 1977. Baltasar Garzón había puesto en marcha por primera vez en España una investigación sobre delitos cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, que implicaban la desaparición forzada de más de 114.000 personas entre 1936 y 1951. Posteriormente, en mayo, el Consejo General del Poder Judicial suspendió al juez de sus funciones mientras durara su procesamiento ante el Tribunal Supremo.

Las leyes de amnistía y las normas sobre prescripción de los delitos eran incompatibles con el derecho internacional en el caso de la desaparición forzada, la tortura o los crímenes de lesa humanidad, y el Comité de Derechos Humanos de la ONU había pedido a España en 2008 que considerase la derogación de la Ley de Amnistía de 1977. Pese a ello, la Ley seguía en vigor al final del año.

Justicia internacional

En septiembre y noviembre, la Audiencia Nacional archivó sendas investigaciones sobre delitos cometidos en Myanmar y en Tíbet. En ambos casos, la decisión se adoptó en aplicación de la limitación de la jurisdicción universal introducida en octubre de 2009 mediante una reforma de la Ley del Poder Judicial. Desde esta reforma, los tribunales nacionales ya no podían entablar procesos de esta índole a menos que las víctimas tuvieran la nacionalidad española, el presunto autor estuviera en España o existiera algún otro “vínculo de conexión relevante” con España, y siempre que no se hubiera iniciado una investigación efectiva o un proceso con todas las garantías en otro país o ante un tribunal internacional.

  • El gobierno solicitó a Sudáfrica en septiembre la extradición de Faustin Kayumba Nyamwasa, jefe del ejército ruandés. La Audiencia Nacional lo había procesado en 2008 por genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos en Ruanda.

Informes y visitas de Amnistía Internacional
España: Acuerdos peligrosos. Europa acepta “garantías diplomáticas” contra la tortura (EUR 01/012/2010)
Spain: Follow-up information to the Concluding Observations of the Committee against Torture (EUR 41/003/2010)

Informe de Amnistía Internacional sobre España. 2010.

La fuente del informe se cita abajo.

ESPAÑA

REINO DE ESPAÑA

Jefe del Estado: rey Juan Carlos I de Borbón Jefe del gobierno: José Luis Rodríguez Zapatero Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos Población: 44,9 millones Esperanza de vida: 80,7 años Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 5/5 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 97,9 por ciento


  • Continuaron las denuncias de tortura y otros malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aunque su número disminuyó, según informes, en las comisarías de policía donde se habían instalado sistemas de circuito cerrado de televisión. 
  • Se introdujeron reformas en la legislación de asilo que reconocían el género y la orientación sexual como motivos de persecución, pero también aumentaban las restricciones de procedimiento para solicitar asilo. 
  • Las autoridades siguieron aplicando el régimen de incomunicación a personas detenidas pese a los reiterados llamamientos de organismos internacionales de derechos humanos para que esta práctica fuera abolida. 
  • El grupo armado vasco Euskadi Ta Askatasuna (ETA) prosiguió su campaña de violencia y se atribuyó la autoría de dos homicidios. 
  • Las víctimas de violencia de género, y en particular de trata de personas, seguían sin recibir protección y asistencia adecuadas del Estado. 
  • Se avanzó poco en la investigación de desapariciones forzadas y fosas comunes relacionadas con la Guerra Civil y el régimen de Franco.
  • Las medidas adoptadas por el gobierno para abordar el racismo fueron insuficientes. 
  • La aplicación de la jurisdicción universal por delitos internacionales quedó restringida tras una reforma legislativa.

Tortura y otros malos tratos a manos de la policía y las fuerzas de seguridad 


Continuaron las denuncias de tortura y otros malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Tras la introducción de sistemas integrales de circuito cerrado de televisión en las comisarías de la policía autonómica de Cataluña en 2008, una red nacional de ONG informó de que el número de denuncias de malos tratos contra agentes de policía catalanes había disminuido casi un 40 por ciento en comparación con 2007. Ninguna de las denuncias documentadas por la red de ONG se refería a malos tratos en una comisaría. Sin embargo, la policía nacional y la Guardia Civil aún no habían implementado esas medidas, salvo con detenidos en régimen de incomunicación y sólo si un juez lo solicitaba expresamente.

El informe anual de la Fiscalía General del Estado reveló que durante el año se habían presentado más de 230 denuncias de tortura y otros malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Pese a las reiteradas recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, no se habían tomado medidas para crear una comisión independiente de quejas contra la policía. 
  • No se fijó fecha para el juicio de los dos agentes de policía acusados de matar a Osamuyia Akpitaye durante su expulsión de España en junio de 2007. 
  • En junio se publicó en Internet un vídeo que mostraba el trato degradante infligido a un senegalés durante un intento de expulsarlo de España. En las imágenes se veía al hombre tumbado boca abajo en el asfalto de una pista del aeropuerto de Madrid, con los brazos y las piernas atados juntos a la espalda y, aparentemente, siendo amordazado por agentes de policía sin uniforme. A continuación se veía cómo los agentes lo levantaban del suelo, aún atado, y lo metían en la parte trasera de un furgón policial después de que el piloto del avión se negara a permitir su embarque en tales condiciones. 
  • En junio, tres agentes de policía acusados de infligir malos tratos a un detenido en marzo de 2007 en la comisaría de la policía autonómica catalana de Les Corts, en Barcelona, fueron declarados culpables de una falta de lesiones y condenados a pagar una multa de 600 euros. Un cuarto agente imputado fue absuelto. Las imágenes de cámara oculta mostraban a los agentes dando patadas y golpes al detenido.

Derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo 


Emigrantes y solicitantes de asilo seguían arriesgando la vida al intentar llegar a España a través de peligrosas rutas marítimas y terrestres, aunque los datos oficiales reflejaron un descenso del 45 por ciento en el número de llegadas en patera en comparación con el año anterior. España seguía teniendo una de las tasas de reconocimiento del derecho de asilo más bajas de la UE.

En febrero, sindicatos policiales informaron de que agentes de la comisaría de policía de Vallecas, en Madrid, habían recibido órdenes de cumplir un cupo mensual específico de detenciones de inmigrantes irregulares; según los informes, otros agentes denunciaron haber recibido instrucciones parecidas en otras partes del país. El ministro del Interior negó públicamente que existiera semejante política. Según informes de ONG de toda España, a lo largo del año aumentaron los controles policiales de identidad por motivos raciales, se pensaba que como consecuencia de las medidas de control de la inmigración.

En octubre, España ratificó el Protocolo núm. 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la expulsión colectiva de ciudadanos extranjeros.

La reforma de la Ley de Asilo, aprobada en octubre, ampliaba los motivos para reconocer la condición de refugiado o para conceder protección subsidiaria a las personas que sufrían persecución por motivos de género u orientación sexual. Sin embargo, también excluía a los ciudadanos de la UE del derecho a solicitar asilo, eliminaba la posibilidad de solicitar asilo en las embajadas españolas en el extranjero y ampliaba los motivos para excluir a alguien de la condición de refugiado en función de criterios imprecisos, como “constituir un peligro para la seguridad nacional”.

La Ley de Extranjería se modificó en octubre. Las reformas aprobadas garantizaban el acceso de las ONG a los centros de detención de inmigrantes, pero elevaban de 40 a 60 días el periodo máximo de detención para los inmigrantes en situación irregular.


Seguridad y medidas antiterroristas


Las autoridades continuaron aplicando la detención en régimen de incomunicación a personas sospechosas de delitos relacionados con el terrorismo, pese a los llamamientos reiterados de organismos internacionales de derechos humanos para que esta práctica fuera abolida. Según la legislación vigente, las personas recluidas en régimen de incomunicación tenían gravemente restringido el acceso a representación letrada y corrían mayor riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos.

En sus observaciones finales del 19 de noviembre, el Comité de la ONU contra la Tortura reiteró su preocupación por el hecho de que la detención en régimen de incomunicación en España para casos relacionados con terrorismo o grupos armados debilitaba las salvaguardias jurídicas necesarias contra los actos de tortura o malos tratos. El Comité pidió a España que modificara el régimen de incomunicación con vistas a su abolición.
  • Cuando la fiscalía y el juez instructor se negaron a examinar las denuncias de tortura formuladas por Mohammed Fahsi ante el juzgado de instrucción, su abogado presentó en junio una denuncia formal en relación con el trato recibido por su cliente cuando estuvo en régimen de incomunicación bajo custodia de la Guardia Civil en enero de 2006. Al final del año no se había recibido respuesta alguna. En septiembre, Mohammed Fahsi y otros ocho hombres fueron juzgados por cargos relacionados con el terrorismo. En diciembre se cumplió el plazo de cuatro años legalmente establecido para mantener en prisión preventiva a las personas acusadas de delitos graves, y Mohammed Fahsi quedó en libertad en espera de la sentencia. 
  • En mayo, el Tribunal Supremo absolvió a Sabino Ormazabal y a otros siete hombres que anteriormente habían sido declarados culpables de “colaboración” con actos terroristas en el denominado “Macroproceso 18/98”. También resultó absuelta una mujer que anteriormente había sido declarada culpable de pertenencia a organización terrorista. Tanto el relator especial de la ONU para la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo como el Comité de Derechos Humanos de la ONU habían planteado en 2008 sus motivos de preocupación en relación con el carácter excesivamente amplio e impreciso de algunos artículos de la legislación antiterrorista española, incluidos los que se aplicaron en este caso, que podrían no estar en consonancia con el derecho internacional.

Abusos cometidos por grupos armados


ETA reivindicó la autoría de numerosos atentados con explosivos durante el año, entre ellos un vehículo bomba que mató a dos agentes de la Guardia Civil en Mallorca y un ataque contra un cuartel de la Guardia Civil en el País Vasco, ambos perpetrados en julio.

Derechos de la infancia


Los niños y niñas que residían en los centros de protección de menores estaban expuestos a sufrir violaciones de derechos humanos. Hubo denuncias de abandono, medicación forzada, uso excesivo de la fuerza y abusos psicológicos y físicos por parte del personal de estos centros. El Defensor del Pueblo español puso de relieve preocupaciones parecidas en un informe publicado en 2008.

Violencia contra mujeres y niñas


A pesar de algunos avances en los últimos años, continuaron muriendo mujeres a manos de su pareja o ex pareja. Las mujeres migrantes que sufrían violencia en el entorno familiar seguían enfrentándose a dificultades adicionales para obtener justicia y acceder a servicios especializados. La respuesta institucional a otras formas de violencia basadas en el género, incluida la trata de seres humanos para fines de explotación sexual, aún era insuficiente. No existía un sistema institucionalizado para identificar a las víctimas de trata de personas para el comercio sexual, ni para remitirlas a los servicios de asistencia. Las víctimas de violencia de género que intentaron obtener resarcimiento se encontraron con numerosos obstáculos, entre ellos la falta de indemnizaciones por las secuelas psicológicas de la violencia. 
  • Ocho años después de recibir 15 puñaladas y ser atropellada por su ex marido, Ascensión Anguita aún no había sido indemnizada por el ataque, y la falta de apoyo institucional dificultaba su recuperación. Seguía sin poder trabajar, tenía diagnosticado un trastorno de estrés postraumático y vivía de una pensión mensual de 401 euros por discapacidad. En julio de 2008, su ex marido obtuvo el derecho a salir de prisión con permisos de seis días al mes, tiempo durante el cual Ascensión Anguita tenía que abandonar su casa y esconderse. La policía le dijo que no disponía de recursos suficientes para protegerla.

Racismo


El Plan de Derechos Humanos, que arrancó en 2008, contenía una disposición dirigida a establecer una estrategia integral para combatir el racismo en todo el territorio nacional; sin embargo, al terminar el año todavía no había empezado a aplicarse dicha estrategia, en contravención de las recomendaciones del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial y del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia. El Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato, establecido por ley en 2003, no era aún operativo. Según el informe anual de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE correspondiente a 2009, publicado en junio, eso situaba a España entre los cuatro únicos países de la UE que no tenían un órgano nacional de igualdad que publicara datos estadísticos sobre denuncias de racismo. España estaba también entre los seis únicos países de la UE que no recopilaban ni publicaban datos oficiales sobre delitos racistas.

Desapariciones forzadas


En septiembre, España ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; sin embargo, la desaparición forzada todavía no figuraba como delito en el derecho español.

En diciembre de 2008, la Audiencia Nacional resolvió que no era competente para investigar casos de desaparición forzada que databan de la Guerra Civil española y los primeros años del régimen de Francisco Franco; por consiguiente, remitió los 114.266 presuntos casos de desaparición forzada a los 43 juzgados de instrucción de las localidades donde se habían encontrado las fosas comunes. Posteriormente, 13 juzgados clasificaron los casos como delitos comunes y archivaron las investigaciones con el argumento de que éstos habían prescrito (las normas sobre prescripción establecían un periodo máximo para emprender acciones judiciales después de un delito específico). Sólo 3 de los juzgados locales clasificaron los casos como delitos de derecho internacional, que nunca prescriben. Estas investigaciones seguían abiertas al concluir el año.

El 11 de marzo, el Senado rechazó un anteproyecto de ley por el que se pedía al gobierno que asumiera la tarea de localizar, exhumar e identificar los restos mortales de las víctimas de la Guerra Civil y el régimen de Franco. Esta decisión entraba en conflicto con la Ley de Memoria Histórica de 2007, que contenía disposiciones para ayudar a los familiares a localizar y recuperar los restos de sus seres queridos. La propia ley de 2007 distaba de cumplir las normas internacionales relativas al derecho de reparación para las víctimas y los familiares de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos.

Justicia internacional


En octubre, el Parlamento aprobó una reforma a la Ley del Poder Judicial que restringía la aplicación de la jurisdicción universal. Como consecuencia podrían ser archivados 13 casos que se estaban investigando en España. La reforma circunscribía la aplicación de la jurisdicción universal a los casos en que las víctimas fueran españolas o tuvieran algún “vínculo de conexión relevante” con España y en los que el presunto perpetrador estuviera en España, y siempre que no se hubiera iniciado una investigación o una persecución efectiva en otro país o ante un tribunal internacional. No se definieron los criterios para determinar lo que constituía “efectiva” en ese contexto. La reforma legislativa se aprobó sin ningún debate específico al respecto.

Informes y visitas de Amnistía Internacional 

  • Una delegación de Amnistía Internacional visitó España en noviembre. 
  • España: Salir de las sombras. Es hora de poner fin a la detención en régimen de incomunicación (EUR 41/001/2009) 
  • España: Sal en la herida. Impunidad policial dos años después (EUR 41/010/2009) 
  • Spain: Briefing to the Committee against Torture (EUR 41/004/2009)”
Este informe está tomado del INFORME 2010 – AMNISTÍA INTERNACIONAL-EL ESTADO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO-APARTADO DE PAÍSES, páginas 179 y ss.. Este documento se ha descargado de thereport.amnesty.org/es/download.
Este informe cubre el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2009.