El juez de la horca

España es un país inserto en una paradoja. En los 80, El PSOE impulsó una brutal reconversión industrial. En los 90, el gobierno de Aznar acabó con el servicio militar obligatorio. En los 2000, un gobierno que presumía ser de izquierdas impuso unos recortes sociales draconianos. En esta década, asistimos atónitos al enjuiciamiento ante el Tribunal Supremo del único magistrado que ha instruido una causa contra el franquismo. Colectivos próximos a aquella ideología le acusan de querer investigar sus crímenes. Cuando Argentina pregunta si hay algún procedimiento abierto en España que le impida tramitar las denuncias allí presentadas, la respuesta es: el que ha sentado a Garzón en el banquillo. Por insólito que parezca, su juicio es el único proceso donde los descendientes de las víctimas de la dictadura fascista han podido testificar sobre los horrores cometidos con sus familiares. La Fiscalía, que con tanto ahínco ha defendido al magistrado, tarda 6 meses en decidir quién es competente para conocer la denuncia interpuesta contra la Real Academia de la Historia por entradas en su Diccionario Biográfico que pretendía rehabilitar aquel régimen condenado internacionalmente.

“Atado y bien atado”, dijo el verdugo en su testamento, y surge la pregunta de si este bucle de la Historia en el que vivimos no es el resultado de aquel nudo. Carecimos de fuerza en la Transición para cortarlo pero ¿no es hora ya de desatarlo? Por momentos parece que nuestra democracia vive en precario, entre cabos sueltos que te muestran, cuando trepas por ellos, la feroz atadura de quienes realmente tienen el poder. Hoy la soga se ha convertido en una serpiente enredada sobre si que forma el lazo de la horca.

Y nos mira.

Quienes defienden la Causa General contra Garzón y la condena en el primero de los juicios dicen que no es más que la demostración de que el Estado de Derecho funciona y es capaz de aplicar la ley a uno de los suyos. Bien, si esto es así, por favor, ¿me aclaran estas dudas?

En el primer juicio: ¿por qué, si el querellante considera que hay una tan grave violación del derecho defensa, la querella sólo se dirigió contra el magistrado que acordó las escuchas y no también contra el que decidió continuarlas?

En el segundo de los juicios: ¿cómo es posible que el magistrado instructor haya cometido tan grave irregularidad como asesorar a la acusación en sus escritos, hecho que consiguió que tres de los siete miembros que conformaban el Tribunal fueran partidarios de anular el juicio, sin que esto haya suscitado ninguna reacción por parte del propio Tribunal o del órgano que gobierna a los jueces? El Fiscal dijo sobre este asesoramiento que era insólito y que no había visto nada igual en sus más de 30 años de ejercicio profesional.

En el tercer juicio: ¿por qué el querellante olvidó al que pagó y solo se dirigió contra el que presuntamente fue pagado? ¿No es el soborno un delito que afecta a ambas partes? ¿Por qué el instructor no imputó a los presuntos pagadores, si como dice en su Auto, estaba convencido de que mentian? ¿No es curioso que sólo se planteara la imputación de Botín cuando, según parece, el delito estaba prescrito?

Y para toda la Causa General: ¿cómo es posible que el órgano que tienen constitucionalmente encomendada la función de perseguir los delitos, la Fiscalía, no haya encontrado indicio en las tres causas dirigidas contra el juez Garzón de ninguno? ¿Será porque no los había?

Y miré fijamente a la serpiente…

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